España está dislocada, sin arreglo. Cada día más disparates y más injusticias contra los de abajo. Hace poco me ocupé del vergonzoso caso protagonizado por Hacienda contra el Hogar del Pensionista del pueblo de la Viña (Murcia), a quien se le abrió expediente sancionador porque, un día a la semana, sus miembros se venían reuniendo y celebraban un sorteo de bingo a 10 céntimos el cartón, y cuyos premios desorbitados (0,50 la línea y 2 euros el bingo) se dedicaban para hacer dos comidas extras colectivas al año. Hacienda les acusaba de ejercer una actividad ilegal y lucrativa.
Pues bien, esta otra noticia está recién salida y es tan aberrante que puede trastornar hasta la persona que se crea la más serena del país. Me dispongo a comentarla.
Una profesora jubilada ha sido sancionada por Hacienda con 23.000 euros por colaborar dando clases de manualidades en la Universidad Popular de Ossa de Montiel (Albacete). Ante esta barbaridad, el Director de la Universidad ha declarado que, en el año 2009, el centro educativo consultó con Hacienda este proyecto y que le respondieron que no habría problema ninguno puesto que serían dos horas de clase a la semana y que cobraba entre 50 y 91 euros. La actividad docente se estuvo impartiendo durante dos años y nunca se quiso quebrantar la ilegalidad, puesto que la pensionista declaraba estos "altos ingresos extras" que le suponían 1.100 euros cada mes lectivo.
Pues nada. Esto es demasiado y ahora, 4 años después, le llega a la jubilada una sanción de 23.000 euros por esta actividad lucrativa. Al principio, la ex-docente pensó que se trataba de algún error administrativo o informático y recurrió, pero la sanción ya es firme y tendrá que pagar los 23.000 euros. Eso sí, Hacienda, que mira mucho por los débiles contribuyentes, le ha autorizado a pagarla en cómodos plazos de 636 euros mensuales. O sea, que "la infractora" estará 3 años pagando esta multa tan merecida.
Es otra vergüenza más que nos ahoga. En esta España, en donde los 60 potentados de las tarjetas black, como Blesa, Rato y compañía todavía siguen sin sanción firme por los fraudes cometidos durante sus años de despilfarro; en donde Hacienda dió por buenas las facturas falsas de Urdangarín y Aizoon, y en donde el rosario de chorizos-contribuyentes le da varias veces la vuelta completa al país, son los pensionistas, como esta jubilada, el blanco de las investigaciones que hay que dirigir con la mayor eficacia. Y con gran urgencia, porque la situación de las arcas públicas requiere que todos colaboremos y hay que dar ejemplo, empezando por todos los pensionistas. Esto es justicia. En esto también somos los que más crecemos en Europa. Qué vergüenza.
¿Quién osa decir que la justicia no está bien administrada en esta España nuestra? Es verdad que los tiempos con frecuencia se hacen eternos y que algunos casos tardan en juzgarse una media de siete años, pero en ocasiones los juzgados actúan con una celeridad increíble, sobre todo cuando se trata de faltas cometidas por gente inexperta de abajo. No se puede pretender juzgar con la misma rapidez el caso Bárcenas (que ya lleva 3 años) o el del honorable Pujol, a quien todavía no se le ha retenido el pasaporte ni cuenta bancaria como a ninguno del clan familiar.
Ni los jueces imparten con equidad la justicia ni en su administración se actúa con la misma diligencia para todos. Se demuestra en este caso real y reciente:
A Carmela le han dado la pascua, la nochevieja, el año nuevo y también los reyes. El día 24, cuando se disponía a sacar dinero del banco para sus escasas compras navideñas se encontró su cuenta bloqueada por orden del juzgado. Carmela, jubilada con hija a su cargo, tiene una pensión de 950 euros y una hipoteca de 590. Con los 360 euros que le quedan tiene que administrarse al céntimo para pagar luz, gas, su muy básica alimentación y la de su hija. Además, Carmela está enferma. No vive al día, sino al minuto, pero va tirando como puede.
Pues bien, en la mañana del 24, horas antes de la nochebuena, el juzgado ordenó al banco el bloqueo de la cuenta de Carmela. A ella ni el juzgado le había citado ni notificado aviso de infracción alguna. Trámites judiciales urgentes sin más explicaciones.
Carmela pide ayuda a un vecino solidario y éste le informa que el juzgado, ante cualquier embargo, tiene que dejar libre los 648 euros equivalentes al salario mínimo. La pascua ya se la han dado, pero el día 28, tras su reclamación, el juzgado le traba solo 94 euros. Carmela respira. Algo es algo. Pero la mañana del 31, cuando acude al banco a aclarar su situación se encuentra que el juzgado de nuevo ha ordenado el bloqueo del total de su cuenta. Y vuelta a pedir ayuda a sus vecinos para comer y a lamentar su mala suerte.
Ante un hecho de estas características, uno se pregunta cómo es posible que, en un caso como el de Carmela, el juzgado incumpla por DOS VECES en siete días una norma tan elemental como la del no bloqueo del equivalente al salario mínimo, sin reparar en las condiciones especiales de una persona pensionista enferma y con hija a su cargo.
No es el mismo trato que el que se le ha dado a J.L. Olivas, expresidente de la comunidad valenciana y de Bancaja, a quien un juez de la Audiencia Nacional ha acordado "que pueda disponer de 3.500 euros mensuales para atender gastos personales". Recuérdese que el tal Olivas está imputado por apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental. Por tanto, hay que tener con él más consideración que con la pensionista Carmela, esa ciudadana tan peligrosa para las arcas públicas y el dinero de todos. Seamos justos y prudentes.
