JUSTICIA IGUAL PARA...¿TODOS?

 
     ¿Quién osa decir que la justicia no está bien administrada en esta España nuestra? Es verdad que los tiempos con frecuencia se hacen eternos y que algunos casos tardan en juzgarse una media de siete años, pero en ocasiones los juzgados actúan con una celeridad increíble, sobre todo cuando se trata de faltas cometidas por gente inexperta de abajo. No se puede pretender juzgar con la misma rapidez el caso Bárcenas (que ya lleva 3 años) o el del honorable Pujol, a quien todavía no se le ha retenido el pasaporte ni cuenta bancaria como a ninguno del clan familiar.

     Ni los jueces imparten con equidad  la justicia ni en su administración se actúa con la misma diligencia  para todos. Se demuestra en este caso real y reciente:

   A Carmela le han dado la pascua, la nochevieja, el año nuevo y también los reyes.  El día 24,  cuando se disponía a sacar dinero del banco para sus escasas compras navideñas se encontró su cuenta bloqueada por orden del juzgado. Carmela, jubilada con hija a su cargo, tiene una pensión de 950 euros y una hipoteca de 590. Con los 360 euros que le quedan tiene que administrarse al céntimo para pagar luz, gas, su muy básica alimentación y la de su hija. Además, Carmela está enferma. No vive al día, sino al minuto, pero va tirando como puede.

  Pues bien, en la mañana del 24, horas antes de la nochebuena, el juzgado ordenó al banco el bloqueo de la cuenta de Carmela. A ella ni el juzgado le había citado ni notificado aviso de infracción alguna. Trámites judiciales urgentes sin más explicaciones. 
Carmela pide ayuda a un vecino solidario y éste le informa que el juzgado, ante cualquier embargo, tiene que dejar libre los 648 euros equivalentes al salario mínimo. La pascua ya se la han dado, pero el día 28, tras su reclamación, el juzgado le traba solo 94 euros. Carmela respira. Algo es algo. Pero la mañana del 31, cuando acude al banco a aclarar su situación se encuentra que el juzgado de nuevo ha ordenado el bloqueo del total de su cuenta. Y vuelta a pedir ayuda a sus vecinos para comer y a lamentar su mala suerte.

  Ante un hecho de estas características, uno se pregunta cómo es posible que, en un caso como el de Carmela, el juzgado incumpla por DOS VECES en siete días una norma tan elemental como la del no bloqueo del equivalente al salario mínimo, sin reparar en las condiciones especiales de una persona pensionista enferma y con hija a su cargo.

 No es el mismo trato que el que se le ha dado a J.L. Olivas, expresidente de la comunidad valenciana y  de Bancaja, a quien un juez de la Audiencia Nacional ha acordado "que pueda disponer de 3.500 euros mensuales para atender gastos personales".  Recuérdese que el tal Olivas está imputado por apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental. Por tanto, hay que tener con él más consideración que con la pensionista Carmela, esa ciudadana tan peligrosa para las arcas públicas y el dinero de todos.  Seamos justos y prudentes.